El apagón del 28 de abril ha reavivado el debate sobre una posible ampliación del calendario de cierre de las centrales nucleares y la polémica sobre su fiscalidad, que incluye la conocida como 'tasa Enresa', diseñada para sufragar el coste del cierre y la gestión de residuos.
Las energéticas consideran que la fiscalidad a la que tienen que hacer frente las centrales nucleares es elevada y penaliza esta energía frente a otras.
¿Qué es la tasa Enresa?
La conocida como tasa Enresa es la denominación para la tarifa fija unitaria relativa a la prestación patrimonial de carácter público no tributario mediante la que se financia el servicio de la Empresa Nacional De Residuos Radioactivos (Enresa) a las centrales nucleares, según recoge el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Las empresas propietarias de las centrales nucleares -Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP- han de pagar una tarifa fija para sufragar los costes de gestión del combustible nuclear gastado y los residuos radiactivos generados en las centrales nucleares en explotación, así como su futuro desmantelamiento y clausura al final de su vida útil.
Esa tasa se paga a Enresa, que depende orgánicamente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y está sometida al control y supervisión del Gobierno.
¿En qué consiste la tasa?
El pasado junio, el ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico actualizó el importe de los 0,798 céntimos de €/kWh (7,98 €/MWh) que se pagaban hasta entonces, a los actuales 1,036 céntimos de €/kWh (10,36 €/MWh), lo que supone un incremento del 30%.
Las empresas energéticas rechazaron esta subida, que se justificó para adaptarla a las previsiones de Enresa de futuros costes a medida que se acerca el cierre de las plantas, evitar déficits de financiación y "aplicar el principio de quien contamina paga".
El expresidente de Enresa, José Luis Navarro, ha dicho esta misma semana que esta tasa es "absolutamente inevitable" y advierte de que si esta compañía pública no recibe los ingresos suficientes, llegará un día en el que no podrá gestionar "con seguridad" los desechos nucleares.
¿Qué piden las empresas energéticas?
Las empresas energéticas consideran que la fiscalidad que pagan las centrales nucleares es elevada y resta competitividad a las mismas respecto a otra fuentes de energías.
Precisamente este mismo miércoles, el consejero delegado de Endesa, José Bogas, ha defendido el papel de la energía nuclear como "muy, muy importante" y ha reclamado una revisión de su fiscalidad "para garantizar su viabilidad económica, de modo que pueda proporcionar seguridad de suministro en los próximos años".
"Si tenemos que alargar la vida (de las centrales nucleares), tenemos que conseguir adecuar las cargas fiscales"", dijo igualmente hace dos meses, en la rueda de prensa de presentación de resultados de 2024.
Asimismo, Foro Nuclear estima que la última subida de la tasa supone tener que aportar 130 millones de euros anuales adicionales a los 450 millones que el parque nuclear español ya paga cada año, desde 2019, al fondo de Enresa.
Tras la subida del 30 % en julio de 2024, Iberdrola reclama 324 millones a Enresa por incumplir lo pactado y el pasado febrero interpuso una demanda por la vía contencioso-administrativa.
¿Cuál es la postura del Gobierno?
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho este miércoles en el Congreso de los Diputados que "lo que quieren estas grandes empresas energéticas, propietarias de las centrales nucleares, es que sea la clase media trabajadora y no ellas quien paguen el coste de prolongar la vida de estas centrales nucleares".
Además, Sánchez ha asegurado que los mismos que se muestran partidarios de prorrogar el cierre de las nucleares, omiten deliberadamente la cara B de esa propuesta, que es exigir una bajada sustantiva del impuesto energético y de la tasa Enresa.
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